About Extradición México Grecia
En Portugal, los presos tienen derecho a recibir asesoría jurídica gratuita en virtud de la Constitución y la Ley de Asistencia Jurídica. Sin embargo, la realidad es que muchas veces este derecho no se cumple debido a la falta de recursos y particular especializado en las cárceles del país.
* Al meditar sobre estos criterios reporté que hace algún tiempo, en ocasión del proceso de extradición del presunto felony argentino Ricardo Miguel Cavallo, requerido a México por el gobierno de España, el señor ex ministro de la SCJN, Juventino Castro y Castro declaró que tal petición se obsequiaba en virtud del "principio de la jurisdicción universal", lo cual causó desconcierto en los medios especializados pues, como bien sabemos, tal principio es un derecho de los Estados a detener, juzgar o entregar para su enjuiciamiento a un presunto responsable de un crimen internacional grave y pernicioso independientemente del lugar en que hubiera sido cometido, la nacionalidad de la víctima o del propio infractor; en tanto que, la extradición, que es lo que en el caso Cavallo estaba en proceso, descansa en el principio aut dedere aut judicare, que es un deber u obligación que tiene un Estado para extraditar a un sujeto requerido por otro Estado para su juzgamiento o castigo y con el cual, preferentemente, existe un tratado de extradición.
nine. ¿Puede una persona ser extraditada desde México si ya ha sido juzgada y condenada por el mismo delito en México?
El proceso de extradición entre México y Grecia se rige por el tratado de extradición firmado entre ambos países. Este tratado establece los requisitos y procedimientos que deben seguirse para solicitar y conceder la extradición.
Las solicitudes de extradición activas son las que presenta el Estado mexicano a otro país, en donde se encuentra el prófugo de la justicia mexicana y que cuenta con un mandamiento judicial.
El capítulo III, intitulado "La extradición y el derecho internacional privado", está dedicado al estudio de los puntos de conexión existentes entre la figura de la extradición y diversas ramas del derecho como el constitucional, penal, administrativo, internacional público e internacional privado. Es precisamente en el derecho internacional privado (DIPr) en el que la autora enfoca la mayor parte de su análisis. Se parte del argumento de que el problema central radica en la persona del extraditurus, quien por regla common goza de una nacionalidad que lo vincula con un ordenamiento jurídico nacional determinado, y que puede navigate here entrar en colisión o conflicto de leyes o de competencia judicial al momento de que dicho individuo es reclamado por un ordenamiento jurídico extranjero.
La extradición es una figura jurídica que implica la entrega de una persona a otro país para que sea juzgada por delitos cometidos en ese lugar.
El procedimiento de extradición puede ser largo y complejo, ya que se deben cumplir con todos los requisitos establecidos por la ley. Además, la persona acusada tiene derecho a defenderse y a impugnar la solicitud de extradición.
Los abogados especializados en esta área tienen la responsabilidad de asegurar que los derechos de los this contact form presos sean respetados y protegidos, y de luchar contra abusos y violaciones de los mismos.
Se debe aclarar que cada país cuenta con su Extradición México Grecia propio procedimiento interno de extradición en el que se definen las instancias a las que pueden acudir los extraditables.
En Alemania, la asesoría jurídica para presos es proporcionada por abogados especializados en derecho penal y penitenciario. Estos abogados trabajan en organizaciones sin fines de lucro y se financian a través de donaciones y subvenciones del gobierno.
El procedimiento de extradición en México comienza con la solicitud official de un país para que se entregue a una persona acusada de un delito.
Si la resolución definitiva es CONCEDIDA, la extradición es notificada por las autoridades del Estado requerido a las autoridades de México, por lo que se inicia la coordinación para el traslado del extraditable a territorio nacional.
Los presos tienen derecho a recibir asesoría jurídica para poder defender sus derechos y garantías, y para asegurarse de que se cumplan las normas y procedimientos establecidos por la ley.